FP denuncia proyecto del PRM para pagar obras no contratadas legalmente
Fuerza del Pueblo advierte sobre riesgos fiscales y legales de iniciativa en el Congreso dominicano
El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció que legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) impulsan un proyecto de ley que autorizaría el pago de miles de millones de pesos para obras públicas que, según FP, no fueron contratadas conforme a la ley. La denuncia fue presentada este 29 de abril de 2026 en Santo Domingo, donde la Secretaría de Asuntos Jurídicos de FP advirtió que esta propuesta pone en riesgo la sostenibilidad fiscal y contraviene normas constitucionales y financieras del país.
Acusaciones y contexto del proyecto de ley
Raúl Martínez, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de Fuerza del Pueblo, explicó en rueda de prensa que el proyecto busca permitir pagos a personas físicas y jurídicas por supuestas deudas del Estado relacionadas con obras de infraestructura que no cumplieron los procedimientos legales establecidos.
El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y actualmente se discute en el Senado de la República Dominicana. Martínez recordó que una iniciativa similar fue observada y rechazada por el Poder Ejecutivo a inicios de 2026, pero el PRM insiste en retomarla.
Riesgos para la administración pública
Martínez calificó esta propuesta como un “mayúsculo desatino” que vulnera principios constitucionales como la responsabilidad financiera y la legalidad presupuestaria. Además, aseguró que debilita los mecanismos de control del gasto público y el endeudamiento, establecidos en leyes como la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.
El dirigente político advirtió que la iniciativa representa una amenaza para la estabilidad fiscal, ya que pretende reconocer compromisos sin que se hayan cumplido las garantías legales necesarias para asegurar la transparencia y legalidad en las contrataciones públicas.
Repercusiones en la legalidad y el control financiero
La FP sostiene que aprobar este proyecto podría sentar un precedente negativo para la gestión pública, poniendo en riesgo los controles que regulan el uso de recursos estatales. Contraviene las normativas vigentes para las contrataciones y el control financiero, lo que podría provocar un impacto negativo en las finanzas del Estado dominicano.
Para entender mejor el marco legal que regula este tipo de situaciones en República Dominicana, la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público es un documento clave que establece las reglas de control y manejo de fondos públicos.
Este debate refleja la tensión política en torno al manejo de los recursos públicos y la transparencia en la ejecución de obras de infraestructura en el país. La discusión continúa en el Senado, donde se decidirá el futuro de esta propuesta legislativa.
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