Venezuela promulga ley de amnistía para presos políticos tras captura de Maduro
La presidenta interina Delcy Rodríguez impulsa la liberación masiva de opositores, aunque excluye a líderes clave
Caracas, Venezuela — El 19 de febrero de 2026, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó una ley de amnistía general que busca la liberación de cientos de presos políticos bajo el régimen chavista. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Parlamento y forma parte de una estrategia política tras la captura del expresidente Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación militar estadounidense. Sin embargo, la ley deja fuera a opositores destacados como María Corina Machado, generando críticas sobre sus alcances y exclusiones.
Una ley con alcance limitado y polémico
La ley de amnistía fue presentada como un gesto de reconciliación nacional y apertura política, con Rodríguez afirmando: “Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón”. La norma fue aprobada en una sesión que se retrasó por negociaciones intensas sobre los artículos que definirían quiénes serían beneficiados.
El artículo 8 delimita 13 momentos clave de los 27 años del chavismo, desde el golpe de Estado contra Hugo Chávez y la huelga petrolera de 2002 hasta las protestas contra la reelección de Maduro en 2024. Esta delimitación ha sido considerada excluyente por organizaciones como Foro Penal, que defiende a presos políticos en Venezuela. Su director, Gonzalo Himiob, señaló que la persecución ha sido continua y debería entenderse en un marco más amplio.
Por otro lado, el artículo 9 excluye claramente a personas vinculadas con acciones armadas contra el Estado, lo que afecta directamente a figuras como María Corina Machado, quien ha sido acusada de incitar intervenciones extranjeras. Machado, actualmente en Estados Unidos tras más de un año en clandestinidad, ha prometido regresar a Venezuela cuando las condiciones de seguridad sean adecuadas.
Reacciones y contexto social
Desde el anuncio de la ley, familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos han mostrado una mezcla de esperanza y cautela. Decenas de allegados a detenidos han permanecido cerca de las cárceles por semanas, esperando la liberación de sus seres queridos. Petra Vera, familiar de un preso, expresó: “Feliz, feliz, con esperanza, pero siempre a la expectativa. Mientras no los veamos afuera no vamos a dejar de luchar”.
El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, destacó que este proceso es un aprendizaje que nace del dolor y que exige persistencia para lograr cambios reales. Sin embargo, el artículo 7, que establece que la amnistía se aplicará a personas procesadas o condenadas en los tribunales —acusados de servir al chavismo— generó tensiones y retrasos en la aprobación final.
Un giro político con miras a la apertura internacional
La promulgación de la ley forma parte de una agenda más amplia que busca renovar las relaciones con Estados Unidos y abrir el sector petrolero venezolano, seriamente afectado en los últimos años. Washington, que asumió un rol activo en la Venezuela posmaduro, ha manifestado interés en acompañar estos cambios.
La ley también incluye facilidades para que personas en el exilio puedan solicitar el beneficio mediante apoderados legales, lo que podría ampliar el número de beneficiados.
Para más información sobre la situación política y social en Venezuela, se puede consultar la página oficial del Gobierno de Venezuela.
La ley de amnistía abre un nuevo capítulo en la compleja historia política venezolana, aunque su efectividad y alcance dependerán de su implementación y de la evolución del panorama nacional e internacional.
