Asamblea aprueba Ley Urgente de Minería y Energía en Ecuador

Asamblea aprueba Ley Urgente de Minería y Energía en Guayas

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el 26 de febrero de 2026 el proyecto que busca fortalecer los sectores estratégicos de minería y energía, con debates sobre consulta previa y regulación ambiental.

La Asamblea Nacional aprobó este jueves 26 de febrero de 2026, en Guayas, el proyecto de Ley Urgente para el fortalecimiento de la minería y la energía. La iniciativa, enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente, fue respaldada con 77 votos y ahora pasará al Ejecutivo para su sanción o veto en un plazo de 30 días. El debate se centró en la seguridad jurídica, la minería ilegal, la consulta previa a comunidades indígenas y la distribución de regalías.

Contexto y contenido del proyecto de ley

El proyecto de ley tiene como objetivo principal fortalecer los sectores minero y energético, considerados pilares para el desarrollo nacional. Según la viceministra de Minas, María Emilia Limongi, el texto no modifica el Código Ambiental ni elimina los permisos ambientales, sino que busca armonizar la legislación existente para brindar mayor certeza jurídica y combatir la minería ilegal.

El documento fue presentado a la Asamblea el 23 de febrero y aprobado en segundo debate tras el análisis del informe de la Comisión de Desarrollo Económico, que contó con ocho votos a favor y dos en contra.

Principales puntos del proyecto

• Fortalecimiento de la seguridad jurídica para inversionistas y operadores.
• Simplificación de procesos, reduciendo etapas administrativas de seis a tres.
• Incremento de las regalías para servicios ambientales, especialmente en la Amazonía.
• Regulación más estricta contra la minería ilegal.
• Inclusión de disposiciones sobre minería artesanal y contratos.

Debates y posturas en la Asamblea

Durante el proceso, surgieron diversas posiciones entre las bancadas. La oposición, especialmente la Revolución Ciudadana y Unidad Popular, expresó preocupaciones sobre los impactos ambientales y la afectación a derechos colectivos.

Mabel Méndez (Revolución Ciudadana) advirtió que la reducción de pasos en los procesos ambientales podría afectar a comunidades y fuentes de agua. En tanto, la organización Unidad Popular solicitó el archivo del proyecto, argumentando que vulnera el derecho a la consulta previa de pueblos indígenas.

Fernando Nantipia, de Pachakutik, condicionó su apoyo a que se garantice explícitamente la consulta previa y se mantenga el 30 % de las regalías para gobiernos descentralizados.

Artículo 29 y consulta previa

El artículo 29 generó controversias, ya que algunos legisladores, como José Luis Nango (Izquierda Democrática), exigieron su eliminación para proteger derechos en la Amazonía. El debate giró en torno a la consulta previa, un derecho constitucional para pueblos y nacionalidades indígenas, que debe ser respetado en cualquier proyecto que afecte sus territorios.

El constitucionalista Edison Guarango explicó que la Constitución reconoce la consulta previa libre e informada (artículo 57) y que el proyecto no exige este mecanismo en etapas iniciales como la obtención del registro ambiental, lo que ha generado críticas desde sectores ambientales y comunidades.

Próximos pasos y contexto legal

Tras la aprobación legislativa, el proyecto será enviado al Ejecutivo para su revisión final. La discusión pública y política continuará, en especial por la importancia de garantizar derechos colectivos y la protección ambiental en un país con alta biodiversidad y presencia de comunidades indígenas.

Este proceso se enmarca en la búsqueda del gobierno por impulsar la minería y energía como motores económicos, mientras enfrenta el reto de equilibrar desarrollo y sostenibilidad. Para mayor información sobre minería y legislación ambiental en Ecuador, se puede consultar la página oficial del gobierno.

El debate en la Asamblea refleja la complejidad de legislar sobre sectores estratégicos con múltiples intereses y la necesidad de respetar derechos constitucionales. La definición final de esta ley marcará el rumbo de la política minera y energética en Ecuador en los próximos años.

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