Italia: Meloni impulsa la Ley de Seguridad entre críticas por inconstitucionalidad
El Senado aprueba un paquete de medidas que endurece penas y amplía facultades policiales
El gobierno de Italia, liderado por Giorgia Meloni, aceleró la aprobación en el Senado de un polémico decreto conocido como la «Ley de Seguridad», que endurece las sanciones por protestas sociales y otorga mayor discrecionalidad a las fuerzas del orden. La votación, celebrada el 19 de abril de 2026 en Roma, se realizó en medio de una fuerte oposición política y social que denuncia un retroceso en las libertades civiles y advertencias por parte del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) sobre posibles violaciones constitucionales.
Medidas clave y controversias en el decreto
La coalición de gobierno de derecha impulsó este paquete legislativo con carácter urgente, incluso sin relator en comisión, para evitar que el decreto decayera el próximo 25 de abril, fecha que coincide con el aniversario de la Liberación de Italia. El texto propone un endurecimiento en las penas para delitos relacionados con protestas y desórdenes públicos, incluyendo la prohibición de asistir a reuniones públicas para personas condenadas por resistencia o daños.
Entre las medidas más controvertidas destaca el «fermo preventivo», que permite a la policía detener ciudadanos hasta por doce horas durante manifestaciones con base en indicios vagos, sin necesidad de justificar la detención formalmente. Además, las fuerzas policiales podrán usar pistolas de aire comprimido con spray de pimienta y proyectiles de pintura para «marcar» a manifestantes considerados peligrosos, una práctica criticada por organizaciones de derechos humanos.
Reacciones de la magistratura y la oposición
El Consejo Superior de la Magistratura emitió un comunicado señalando que el decreto afecta «el núcleo esencial de libertades fundamentales» y cuestionó la constitucionalidad del mecanismo de detención preventiva, que podría violar el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La oposición parlamentaria calificó el proceso como una imposición autoritaria y anunció bloqueos en la Cámara de Diputados para frenar la aprobación definitiva.
Por otro lado, dentro de la derecha gobernante surgieron tensiones sobre aspectos como los desalojos de segundas viviendas y la exclusión de indemnizaciones a familiares de víctimas de delitos, temas que fueron suavizados para garantizar la votación favorable en el Senado.
Contexto político y social
La aprobación de esta ley se da en un contexto de creciente conflictividad social en Italia, donde diversos sectores advierten que la ley busca criminalizar la protesta y la pobreza, además de consolidar un aparato represivo estatal más rígido. Organizaciones civiles y expertos jurídicos alertan sobre el riesgo de un retroceso en los derechos democráticos, especialmente en un momento simbólico como la conmemoración del fin del fascismo en el país.
Para más información sobre derechos fundamentales y normas internacionales se puede consultar el sitio oficial del Consejo de Europa.
La aceleración del trámite legislativo en medio de fuertes críticas refleja la polarización política en Italia y las dificultades para conciliar políticas de seguridad con el respeto a las libertades civiles. El debate continúa abierto en la Cámara de Diputados, donde se definirá el futuro de esta polémica reforma.
