Santo Domingo. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, con erogaciones por RD$ 2,036,844.2 millones. La propuesta deberá remitirse al Congreso Nacional antes del 1 de octubre para su conocimiento y tramitación legislativa.
El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron la sexagésima reunión del Consejo. Los detalles fueron presentados por José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia y secretario técnico del órgano; Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía; José Rijo Presbot, director general de Presupuesto, y Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional.
Paliza explicó que la propuesta, equivalente aproximadamente a RD$ 2.037 billones, prioriza inversiones orientadas al desarrollo y a mejorar las condiciones de vida. La formulación busca atender las necesidades sociales y sostener la inversión sin comprometer el equilibrio de las finanzas públicas.
Ingresos, gasto y supuestos económicos
El proyecto prevé ingresos de RD$ 1,510,574.5 millones, equivalentes al 15.7 % del producto interno bruto, y establece un techo de gasto de RD$ 1,837,856.0 millones, correspondiente al 19.2 % del PIB.
El marco macroeconómico utilizado anticipa una expansión real del PIB de 4.75 % y una inflación promedio cercana al 4.5 %. Al explicar el contexto de la propuesta, Díaz señaló que la economía mantiene un crecimiento de 4.5 %, registra una reducción de la inflación y cuenta con reservas internacionales superiores a USD 15,000 millones.
El titular de Hacienda y Economía sostuvo que el país conserva capacidad de respuesta ante la coyuntura. Indicó que el presupuesto procura mantener un déficit fiscal razonable y que la inversión crezca más que los gastos de funcionamiento, mientras se protegen educación, salud y programas sociales.
Rijo Presbot precisó que el gasto de capital aumentará 19.7 % respecto del presupuesto inicial de 2026, frente a un incremento de 12.3 % del gasto corriente. Presentó esa diferencia como una forma de dar mayor prioridad a inversiones de largo plazo y contener el crecimiento de la operación estatal.
Prioridades sociales e infraestructura
La propuesta sigue la Política Presupuestaria 2027, aprobada en julio durante la reunión número 59 del Consejo de Ministros. Su organización responde a Meta RD 2036 y a las diez metas priorizadas por el Gobierno.
Sus ejes incluyen el fortalecimiento del capital humano y de la infraestructura, el aumento de la productividad y la mejora institucional. Las políticas de gasto se plantean como instrumentos para garantizar derechos fundamentales y elevar la calidad de vida.
En educación se mantiene el compromiso de destinar el 4 % del PIB. Los recursos se orientarán al Plan Decenal de Educación Horizonte 2034, la formación técnico-profesional y la ampliación del transporte escolar.
Para salud se contemplan fondos que permitan continuar y concluir hospitales estratégicos, reforzar las Unidades de Atención Primaria y expandir la Red Nacional de Emergencias. La propuesta también mantiene los programas de protección social y las inversiones habitacionales, incluido Mi Vivienda.
La planificación de infraestructura da prioridad a autopistas y sistemas integrados de transporte, así como a obras de agua potable, saneamiento y mejoramiento de viviendas. Entre los proyectos citados figuran el monorriel de Santiago de los Caballeros, las intervenciones de saneamiento universal en zonas turísticas y costeras y el aumento de capacidad de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo.
El proyecto prevé además mayores recursos para el Poder Judicial como parte del fortalecimiento de la seguridad jurídica e institucional. Contempla inversiones en seguridad ciudadana, vigilancia fronteriza y sistema penitenciario, junto con actuaciones que favorezcan la producción y la resiliencia de los territorios.
Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
En el segundo punto de la reunión, el Consejo conoció el anteproyecto de ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. La iniciativa también será enviada al Congreso para seguir el procedimiento legislativo correspondiente.
La propuesta se apoya en la Ley 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. Su objetivo es dar fuerza normativa al plan nacional y establecer cómo se implementará y coordinará con los instrumentos de planificación regional y municipal.
El Gobierno plantea que esa herramienta permitirá orientar el uso de la tierra y organizar de forma más racional y sostenible la ocupación del territorio. Se procura aprovechar las oportunidades de cada zona y proteger sus recursos naturales.
La iniciativa incorpora criterios ambientales, de gestión de riesgos y de adaptación al cambio climático como componentes de la planificación territorial.
Fuente: Presidencia de la República.
