La comisión creada por la Ley 16-26 aprobó en su primera sesión un protocolo para revisar y tramitar las reclamaciones de contratistas del Estado por obras ejecutadas con o sin contrato formal. La información fue divulgada por la Presidencia el 7 de julio de 2026.
El organismo está encabezado por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz. Lo integran también el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot; y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
La ley autoriza el pago a contratistas cuyos expedientes cumplan los requisitos establecidos. Según la comisión, el protocolo aprobado define los procedimientos, criterios y exigencias técnicas para la revisión, evaluación y tramitación de esos documentos.
Prioridad para expedientes ya en revisión
La comisión acordó dar prioridad a las reclamaciones que se encontraban en proceso de revisión en la Contraloría General de la República cuando entró en vigor la normativa. El propósito anunciado es avanzar en el reconocimiento y pago de las obligaciones comprendidas en la ley.
Los integrantes indicaron que el protocolo sería de conocimiento público y ordenaron remitirlo a los veedores y a las instituciones incluidas en la legislación. Esa distribución busca que los organismos apliquen los mismos procedimientos y cuenten con mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
La sesión también abordó las condiciones administrativas, técnicas y operativas necesarias para poner en marcha el proceso. La comisión sostuvo que continuará trabajando con las entidades que la integran, los órganos de control y los representantes de la sociedad que actúan como veedores.
Entre las instituciones cuyas obras están comprendidas en la legislación figuran los ministerios de Obras Públicas y de Educación; el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi); y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).
El alcance incluye también obras de la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y de otras entidades estatales. La aprobación del protocolo organiza la evaluación de las reclamaciones; el comunicado no identifica contratistas concretos ni anuncia montos individuales de pago.
Fuente: Presidencia de la República
