Santo Domingo. El presidente Luis Abinader informó que el Poder Ejecutivo depositó en el Congreso Nacional propuestas de modificación al Código Penal y a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, tras un proceso de diálogo con distintos sectores.
Durante una entrevista divulgada el 12 de julio, indicó que el depósito se realizó el viernes anterior. Planteó que las iniciativas buscan equilibrar la libertad de expresión con la protección de la intimidad, el honor y la dignidad de las personas.
Sobre la legislación de expresión, explicó que el proyecto había sido compartido con la Sociedad Dominicana de Diarios, comunicadores y especialistas bajo la coordinación de Napoleón Rodríguez, a quien identificó como actual juez de la Suprema Corte de Justicia. Sostuvo que se alcanzó un consenso y que el Ejecutivo no había formulado observaciones a ese trabajo.
En relación con el Código Penal, recordó que su discusión se extendió durante 15 años y que, tras la aprobación ocurrida 11 meses antes de la entrevista, se estableció un período de un año antes de su entrada en vigor. Situó esa entrada para el 3 de agosto y expresó su expectativa de que los cambios fueran aprobados antes de esa fecha.
Abinader afirmó que las conversaciones sobre las modificaciones duraron aproximadamente cinco semanas. Reconoció que el Gobierno y la sociedad civil pudieron comenzar ese proceso con mayor anticipación.
El presidente defendió el papel del Consejo Económico y Social y su disposición a conversar con actores políticos y sociales. Como ejemplo mencionó consultas con los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía sobre una carta a Naciones Unidas relativa a Haití.
Al responder a críticas que describían la propuesta como una restricción de la expresión, rechazó esa caracterización y sostuvo que las críticas al Gobierno son necesarias. También citó la posición del país en el Índice de Chapultepec durante tres años consecutivos como parte de su defensa de la política sobre libertades públicas.
El mandatario señaló que su período terminaría en 2028 y relacionó su interés en preservar el derecho a expresarse con la democracia y los cambios constitucionales de su gestión.
El reporte recoge las propuestas y expectativas expuestas en julio. No acredita la aprobación posterior de los proyectos ni sustituye la consulta del texto legal definitivo.
